Además, se mantiene una segunda convocatoria de huelga para los días 19, 20 y 21 de julio, a causa de la falta de acuerdo en la negociación por el convenio colectivo entre la patronal y los técnicos en emergencias sanitarias que realizan el servicio de transporte sanitario urgente y no urgente en Galicia. Hace falta recordar que la s diferencias en la negociación del convenio colectivo de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de Galicia constituyen un asunto estrictamente privado de las empresas del sector y de las organizaciones sindicales con representación en las mismas.

Pinchazos en las ruedas

Desde las 00.00 horas de 6 de julio , en que comenzó la huelga, hasta las 12.00 horas de la mañana de hoy, 7 de julio, sufrieron sabotajes con pinchazos en las ruedas 56 ambulancias de la Red de transporte sanitario urgente con base en los ayuntamiento de Baiona, Negreira, Carballo, Pontevedra, Oleiros, Noia, Tui, Padrona, Arbo, A Guarda, Sada; Santiago, Redondela y A Cañiza (en tres ocasiones), Nigrán (en cuatro ocasiones), Ponteareas (ens ete ocasiones), A Coruña (en ocho) y Vigo (en 17 ocasiones). Todos los vehículos se sustituyeron en el menor tiempo posible y siguieron prestando asistencia sanitaria con normalidad.

Por otra parte, también se registraron actos vandálicos como pintadas en el exterior de las ambulancias o incluso el corte de los cintos de seguridad en el caso de la ambulancia con base en A Estrada y de una ambulancia con base en Vigo.

Urgencias Sanitarias de Galicia-061, como servicio esencial para la población, mantiene durante las jornadas de huelga, unos servicios mínimos para la atención a las urgencias y a las emergencias que establecen el 100% de los recursos asistenciales de la RTSU para toda la Comunidad Autónoma.

Una vez más, la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 continúa a trabajar de manera responsable y comprometida con la población para garantizar la cobertura sanitaria a las urgencias, de manera que la convocatoria de jornadas de huelga no perjudique la calidad de la misma y los ciudadanos no se vean privados de su derecho a recibir la asistencia sanitaria más adecuada a sus necesidades. Por esto, insiste en hacer un llamamiento al comportamiento responsable y consecuente, además de exigir respeto a los bienes y las personas.